SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).

El acto de firma del acuerdo estuvo presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina. Al promover la rehabilitación y reinserción social, las entidades buscan unir voluntades con el objetivo de ofrecer un enfoque integral basado en justicia terapéutica cuando se trata de personas diagnosticadas con uso problemático de drogas.

La firma del documento estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro De Jesús Abreu; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral,  Santo Rosario Ramírez.

Al dirigirse a los presentes, Henry Molina sostuvo que el acuerdo expresa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, con la rehabilitación sobre la exclusión y con la justicia que escucha, acompaña y transforma.

“Porque sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y que muchas veces, la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que las personas con consumo problemático de sustancias no son criminales, sino seres humanos atravesados por el dolor, la exclusión y la ausencia de oportunidades.

De su lado, la magistrada Yeni Berenice destacó la importancia del acuerdo para muchos jóvenes que demandan atención de salud y para un sistema de justicia cuyo fin siempre será, como lo establece la Constitución, el de reinsertar al individuo a la sociedad.

Valoró el cambio de visión que viene experimentando el Ministerio Público que, en la actualidad, “no procesa consumo a nivel nacional”. “Algunas personas dicen: ´hay un caso de consumo´. No; puede que haya un caso de consumo, pero vinculado a otros delitos, a armas de fuego, a una violencia de género, a otros delitos con unas connotaciones que son ya distintas”, apuntó.